RD LEY 1/2015 DE 27 DE FEBRERO: “LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD”

El pasado 27 de Febrero de 2015 se publicó en el BOE El Real Decreto 1/2015, DE 27 de Febrero que fue anunciado por el Presidente del Gobierno en el Debate del Estado de la Nación y que   introduce varias novedades legislativas de carácter social y de dinamización de la economía.

Si bien el Real Decreto regula varios cuestiones, vamos a acometer una serie de artículos en este blog para valorar tres aspectos que consideramos relevantes y podrían brindar a los particulares nuevas oportunidades u horizontes para aliviar su situación económica.

En primer lugar, me refiero a la llamada LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD que recogería aquéllas medidas tendentes a permitir la “liberación de un particular” de determinadas deudas de su pasivo, siempre que se den ciertas condiciones.

En segundo lugar, me refiero a la ampliación del llamado UMBRAL DE EXCLUSIÓN recogido en el Real Decreto 6/2012 de 9 de Marzo que establece medidas de protección a los deudores hipotecarios y que permitiría a más ciudadanos beneficiarse de las opciones de reestructuración y flexibilización de la deuda hipotecaria, así como la inclusión en el concepto de “colectivo especialmente vulnerable” a los mayores de 60 años, previéndose para éstos determinadas medidas protectoras también en relación con sus deudas hipotecarias.

También se amplía la suspensión de los lanzamientos derivados de desahucios en los casos legalmente previstos, por dos años más, hasta el 2017.

Por último se suprimen las tasas judiciales para el acceso a la Justicia para los particulares

En cuanto a la llamada LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, que es la cuestión objeto del presente post resulta preciso poner la situación en contexto.

Hasta ahora, en materia de responsabilidad patrimonial ante las deudas que tenían las personas físicas y jurídicas, imperaba un artículo de nuestro decimonónico Código Civil; concretamente el artículo 1.911 de dicho texto normativo que establece lo siguiente: “Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.”

Esto ha venido en llamarse la RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL UNIVERSAL que determinaba que un deudor podría ser perseguido, de por vida, e incluso tras ella en algunos casos (directamente frente a los herederos), para reclamarle el pago de sus deudas.

Esta medida que tiene su sentido como garantía de la seguridad jurídica en relación con el cumplimiento de las obligaciones y, asimismo, de la protección de los acreedores; sin embargo, a la vista de las peculiares circunstancias de endeudamiento que vienen poniéndose de relieve en los últimos años como consecuencia de la crisis económica, se revelaba como un obstáculo a la dinamización de una parte de la economía y además, en muchos casos, no cabía más que estimarla como una solución injusta para muchas personas.

Efectivamente, resulta evidente que en los últimos años muchas personas se han visto altamente endeudadas y, en muchos casos, dicho endeudamiento ha sido consecuencia de una situación que les era absolutamente imprevisible y ajena a su propia actuación.

Por ejemplo, mucha gente ha perdido su trabajo y se ha encontrado con la insolvencia de la empresa, que no ha podido pagar ni siquiera su indemnización. En muchos casos se trataba y se trata de personas que, antes de darse esta situación de crisis económica, mantenían deudas que eran para ellos absolutamente asumibles. Sin embargo, de forma imprevisible, sufren las consecuencias de esta crisis y pierden sus empleos quedando en muchos casos, la totalidad de los miembros de la unidad familiar sin ingreso alguno o con ingresos muy limitados.

Como todos conocemos, en nuestro derecho, cuando una sociedad mercantil, una sociedad de capital, ve materializado el riesgo propio de su actividad mercantil y desemboca en una situación en la que sus deudas no pueden ser atendidas con el activo de la empresa, tiene la opción de ir a un concurso de acreedores, liquidar su patrimonio y activo para atender todo el pasivo posible y, una vez agotado este activo y si se estima que la empresa no puede continuar en su actividad mercantil, simplemente quedar extinta. El patrimonio de los administradores de la empresa queda a salvo de dichos riesgos salvo que se declare que han actuado de mala fe o hayan avalado personalmente las deudas.

Por el contrario un particular, una persona o un autónomo, simplemente NO SE PUEDEN EXTINGUIR, por lo que la responsabilidad patrimonial universal de la que hemos hablado en ellos se convierte en una realidad excesivamente gravosa. Un yugo que les limita para desarrollar cualquier tipo de productividad ulterior.

Así, las personas en esta situación; que mantienen deudas que no pueden asumir, se ven completamente desalentadas a desarrollar cualquier actividad económica pues sus previsibles ingresos se verán retenidos por sus acreedores; y lo que es peor, muchas personas terminan por trabajar por cuenta propia o ajena pero en situación irregular ante la Seguridad Social, de forma clandestina sin alta ni derechos desde el punto de vista social, agravando de esta forma el problema de la economía sumergida presente en nuestro país.

Pues bien, la llamada Ley de Segunda oportunidad lo que pretende es, precisamente, CORREGIR estos efectos adversos de la llamada RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL UNIVERSAL estableciendo la posibilidad de que los deudores queden exonerados de parte de sus deudas siempre que se den determinadas condiciones.

Este mecanismo se posibilita a través de la modificación que el RD 1/2015 opera en la LEY 22/2003, de 9 de Julio, Concursal.

Dicha modificación viene a establecer que todo deudor persona física (particular o autónomo) que se encuentre en una situación económica en la que no puede atender sus deudas, debe solicitar se le declare en situación de CONCURSO DE ACREEDORES (la posibilidad de que el deudor persona natural se declare en concurso no es una novedad del nuevo RD pero sí se establece como paso previo y necesario para alcanzar el beneficio de la exoneración).

Una vez cumplido este paso, cuando el concurso concluya por liquidación (esto es, con la realización o ejecución de todos los bienes del deudor para pagar, conforme a un orden establecido legalmente, las deudas hasta “donde el activo llegue”) o bien concluya por insuficiencia de la masa activa, el deudor podrá pedir que se conceda este beneficio para que las deudas pendientes queden exoneradas.

El primer requisito para que pueda concederse este beneficio es que se trate de UN DEUDOR DE BUENA FE; esto es que no haya provocado su insolvencia de forma consciente.

Y la pregunta que surge entonces es;  ¿Cómo sabemos cuándo estamos ante un deudor de buena fe y cuando no?

Pues bien, la propia Ley lo define, estableciéndose que se entenderá que se trata de deudor de buena fe, cuando:

1)      El concurso no haya sido declarado culpable. En este punto conviene explicar que una de las fases del concurso de acreedores no es otra que la CALIFICACIÓN del concurso, en la que se analiza cuál ha sido la intervención del deudor en el empobrecimiento y final quiebra de su empresa o de su situación económica como propia persona natural. Si se concluye que el sujeto no ha intervenido con culpa o negligencia para provocar dicha insolvencia, el concurso de declarará como no culpable; en caso contrario se declarará como culpable.

2)      El concursado (deudor) no haya sido condenado en los 10 años anteriores al concurso, por sentencia firme, por un delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, por falsedad documental, contra la hacienda pública o la Seguridad Social o por delito contra los trabajadores

3)      Que, en determinadas condiciones el deudor haya tratado de celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores.

4)      Que se hayan satisfecho los llamados créditos contra la masa y los créditos privilegiados y, en caso de que no se haya intentado el acuerdo extrajudicial de pagos que hablábamos antes, también se haya satisfecho al menos el 25% de los llamados créditos ordinarios.(1)

En este punto encontramos uno de los principales problemas de esta nueva regulación, pues deja fuera uno de los supuestos más típicos que genera el gran endeudamiento de las familias, los préstamos hipotecarios.

Efectivamente, los préstamos hipotecarios se clasifican como créditos privilegiados con privilegio especial y la Ley obliga en este precepto a que estos créditos sean atendidos para que el deudor pueda beneficiarse de esta exoneración de sus deudas, pero es que resulta que, generalmente su única o principal deuda viene representada por la hipoteca…

En todo caso, este problema podría encontrar una solución: Una vez se llevase a cabo la ejecución hipotecaria; esto es, una vez que la entidad bancaria iniciase el procedimiento de ejecución que finalizaría con la subasta de la vivienda para recuperar su crédito, si resultase deuda aún pendiente que el particular se viera obligado a satisfacer aún al banco (lo que suele darse en la práctica dada la diferencia que se da entre el capital del préstamo y el precio por el que se adjudica la vivienda en subasta), ésta podrá ser catalogada como crédito ordinario y por tanto, beneficiarse de la exoneración de deuda que prevé esta nueva regulación, liberando finalmente al deudor del préstamo hipotecario con la “entrega” de la vivienda y sin que la entidad bancaria pueda perseguirle indefinidamente.

Por otro lado, el Real Decreto, también ofrece una alternativa a esta problemática. En el apartado siguiente, establece que cuando el deudor no sea capaz de haber atendido todos los créditos que se enumeran, podrá también acceder al beneficio de exoneración de deudas siempre que se den estas condiciones:

i) Que el deudor acepte someterse a realizar un plan de pagos para la satisfacción de esos créditos a lo largo de los 5 años siguientes al concurso.

ii) Que el deudor no haya obtenido el beneficio de exoneración de deudas en los 10 años anteriores.

iii) Que el deudor no haya rechazado en los cuatro años anteriores al concurso un puesto de trabajo.

iv) Que acepte que sus datos se incluyan en un Registro de sujetos beneficiaros de la exoneración de deudas insatisfechas, que es público.

 Como vemos los requisitos y condiciones que se imponen al deudor son tantos que el beneficio de exoneración (que se queda, finalmente, muy limitado) previsiblemente no tendrá un gran alcance. Se hace costoso acceder al mismo, si bien sí podrá beneficiar a personas en situaciones muy concretas.

Finalmente, es preciso indicar que la Ley deja la puerta abierta a que este beneficio pueda ser revocado judicialmente y que el deudor deba enfrentarse, nuevamente, a las reclamaciones de sus deudas. Ello pasará, en los siguientes casos:

–           Cando el deudor mejore su situación económica hasta el punto de que pudiera pagar todas las obligaciones pendientes sin que se perjudicase su derecho de alimentos…

Este supuesto entendemos generará abundante litigiosidad pues será preciso delimitar cuándo se produce esa mejora sustancial de la situación económica y, asimismo cuándo quedan a salvo los derechos de alimentos del deudor (empezando por definir qué debe entenderse por alimentos;¿ comida?, ¿comida y vestido? ¿Comida, vestido y necesidades básicas como agua, luz, vivienda?…; ¿Qué tipo de vivienda? Como vemos no nos parece un concepto claro.

–          Cuando se descubran bienes o activos ocultos del deudor.

–          Cuando el deudor incumpla el plan de pagos previsto.

A la vista de la presente regulación, si bien no se puede denostar la tendencia marcada con esta regulación, por cuanto la misma se orienta a cubrir una demanda que resultaba del todo necesaria en la situación actual de nuestro país, se queda, no diré a medio camino sino muy cerca de la línea de salida, y se demuestra, desde mi punto de vista, insuficiente para alcanzar los objetivos de dinamización y aliento a la economía española.

No obstante lo anterior, es cierto que podrá ser útil para aliviar la situación económica de algunas personas.

(1) Para que los lectores puedan entender este requisito, se hace preciso indicar que en los concursos de acreedores se establece una PRELACIÓN DE CRÉDITOS de cara a su satisfacción que, en virtud de sus características se catalogan de mayor a menor puesto, como créditos contra la masa; créditos privilegiados (con privilegio general y con privilegio especial); créditos ordinarios y créditos subordinados.

En todo caso el activo atenderá en primer lugar a los créditos contra la masa, después a los privilegiados, seguidamente a los ordinarios y finalmente a los créditos subordinados.

Los créditos contra la masa son aquéllos que revisten mayor relevancia y deben ser atenidos en primer lugar, se refieren a salarios de trabajadores de períodos previos próximos a la declaración del concurso y posteriores, créditos en concepto de alimentos de personas con derecho a recibirlos del concursado entre otros.

Los créditos privilegiados son aquéllos que siguen a los crédtios contra la masa en la prelación. Se distinguen a su vez entre créditos con privilegio especial y créditos con privilegio general; entre los primeros encontramos aquéllos que se encuentran garantizados por ejemplo con una hipoteca, por tanto los préstamos hipotecarios vendrían a entrar en este grupo. Los créditos con privilegio general son, por ejemplo los créditos de seguridad social o tributarios…

Los créditos ordinarios son aquéllos que no se encuentran en las anteriores categorías (se definen por exclusión).

Los créditos subordinados son aquéllos que presentan menor importancia a efectos de cobro (ejemplo, créditos por intereses…)

 

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